Dijín capturó a tres rectores de colegios públicos y cuatro contratistas, luego de determinar irregularidades en la ejecución de contratos en instituciones educativas de la ciudad

De acuerdo a un informe revelado por el medio digital La Contratopedia Caribe. En medio de un operativo liderado por la Unidad Anticorrupción de la Dijín de la Policía Nacional fueron capturados tres rectores de colegios públicos de la ciudad de Cartagena.

De acuerdo con la publicación del portal periodístico, las detenciones se ejecutaron por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos en instituciones educativas oficiales de la ciudad que habrían generado un detrimento calculado en 500 millones de pesos.

Los capturados son Remberto Navas Moreno, rector del colegio San Felipe Neri; Juan Carlos Castillo Castilla, de la Institución Educativa de Bayunca; y Robinson Orozco Quejada, de los planteles Luis Carlos Galán y Fredonia.

En este operativo también fueron capturados cuatro contratistas: Hernando Vargas Morales, Luz Emilia Montalvo Castellano, Ubiter Álvarez Pacheco y Enoelia García Flórez.

Secretaría de Educación se pronuncia

La Secretaría de Educación Distrital, aseguró que apoya y es respetuosa de la labor de los órganos de control y vigilancia y entes judiciales frente a este caso que involucra a tres rectores de instituciones educativas oficiales del Distrito.

Es nuestro interés, en especial el mío como cabeza de la Secretaria de Educación Distrital, que estos hechos se esclarezcan cabalmente y que los responsables asuman las consecuencias de los actos de los que presuntamente son responsabilizados por los entes de investigación del Estado. No nos cabe menor duda que la educación de las niñas, niños y jóvenes de Cartagena es sagrada y merece el respeto de todas y todos. Absolutamente nadie puede hacer uso indebido de recursos cuya única razón de ser siempre será la de una educación digna y de calidad”, aseguró Olga Acosta, secretaria de Educación de Cartagena.

La Secretaría de Educación reiteró que confía en que cada una de las personas involucradas en esta investigación, y cobijadas bajo las medidas judiciales ya conocidas, puedan explicar ante las autoridades competentes sus actuaciones y que sean estas mismas autoridades las que lleguen a la verdad de estos hechos.